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En diciembre de 2019, un mes después de la muerte de su hijo, Patricia Baca se comunicó con el gobierno federal para proveer a sus nietos sobrevivientes.

Los gemelos, que en ese momento solo tenían 3 años, habían vivido unos primeros años de vida difíciles. El condado de San Diego los había retirado de la custodia de sus padres ese año debido a denuncias de abuso de drogas y alcohol y violencia doméstica en el hogar, dijo Baca. El hermano y la hermana estaban en crianza temporal con Baca cuando su padre murió en un accidente. 

Con la esperanza de asegurarles a los niños un futuro ahorro, Baca solicitó que recibieran beneficios de sobreviviente de la Administración del Seguro Social para niños cuyos padres han muerto. 

Pero fue el padre legal de los gemelos en ese momento, la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego, quien intervino para recibir su dinero. Durante los siguientes dos años, el condado puso los beneficios de los sobrevivientes en sus propias arcas. Los registros muestran que fue un esfuerzo por pagarse por haber emitido cheques mensuales a Baca para cubrir las necesidades básicas de los niños. 

Según los registros federales y del condado que Baca mostró a CalMatters, el dinero sustraído totalizó casi $15,000 por niño. Baca dijo que recibió cheques de cuidado de crianza de alrededor de $1,000 al mes por niño, lo que significa que el condado recuperó parcialmente sus costos utilizando los beneficios del Seguro Social.

La incautación de fondos es común entre las agencias de bienestar infantil en California y en todo el país, y es legal. 

Pero se están acumulando fuerzas para detener la práctica, que según los defensores ha estado vigente durante al menos dos décadas. Un número creciente de estados lo prohíben y los defensores buscan eliminarlo en California a través de un desafío judicial y un proyecto de ley que se presentará en la Legislatura estatal la próxima semana. 

Costos de compensación

El condado de San Diego dijo que detuvo la práctica el año pasado y ahora guarda los beneficios de los jóvenes de crianza temporal en cuentas de reserva para ellos. Pero no pagó a los nietos de Baca. Ha perdido dos audiencias administrativas estatales tratando de recuperar el dinero, con el condado diciéndole que no pagaría retroactivamente y el Departamento de Servicios Sociales del estado dictaminando que no tenía jurisdicción. 

Un portavoz del condado se negó a comentar sobre el caso de los nietos de Baca, citando preocupaciones de confidencialidad.

Los niños ahora tienen 7 años. Baca y su esposo, ambos jubilados, esperaban que el dinero ayudaría a sus nietos a mantenerse cuando fueran mayores.

“Han sido traumatizados, han sido separados de su familia y ahora han perdido a uno de sus padres”, dijo en una entrevista, y agregó que les diría a los funcionarios estatales y del condado: “Este es su dinero, y ustedes lo están robando”.

Actuando en nombre de los jóvenes de crianza bajo su cuidado, las agencias pueden solicitar y recibir los beneficios del Seguro Social para niños. 

Eso puede incluir beneficios para sobrevivientes o, más comúnmente, un beneficio por discapacidad conocido como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En casos más raros, también se aplican a los beneficios de veteranos destinados a los hijos de quienes fallecieron en el servicio militar.

Por ley estatal, los condados deben usar el dinero en el mejor interés del niño. Un uso permisible es “compensar” los costos de las agencias para brindar cuidado de crianza. 

Para los jóvenes bajo la custodia del estado que no califican para dichos beneficios, los condados pagan por el cuidado de crianza utilizando los fondos existentes, una combinación de dinero federal, estatal y local.

Jóvenes en riesgo

Quienes se oponen a las prácticas de reembolso dicen que es un uso inapropiado del dinero destinado a los jóvenes más vulnerables bajo la custodia del estado: aquellos con discapacidades y aquellos que llegarán a la edad adulta sin el apoyo de los padres.

Los jóvenes de crianza tienen un mayor riesgo que otros niños de caer en la pobreza y quedarse sin hogar en la edad adulta. Un estudio a largo plazo en California en 2020 encontró que una cuarta parte de los ex jóvenes de crianza estaban durmiendo en refugios o temporalmente sin hogar después de salir de la crianza temporal.

Los defensores dicen que a menudo los jóvenes y sus familias ni siquiera saben que su condado ha solicitado y recibido sus beneficios del Seguro Social. 

El asambleísta Isaac Bryan, demócrata de Culver City, está redactando un proyecto de ley que prohibiría a los condados usar los beneficios federales para sufragar los costos del cuidado de crianza. También ordenaría a las agencias de bienestar infantil que usen el dinero directamente para los niños, lo que podría incluir preservarlo para su futuro.

El proyecto de ley se aplicaría a los jóvenes de crianza temporal en el futuro, pero no ayudaría a aquellos, como los nietos de Baca, a quienes ya se les quitaron sus beneficios. 

Pocos de los aproximadamente 50,000 niños de crianza temporal de California obtienen beneficios del Seguro Social, dicen los defensores, pero el estado no registra a cuántos los condados han retenido sus fondos.

El condado de Los Ángeles tiene la mayor parte de los casos, con la custodia de aproximadamente un tercio de los niños de crianza temporal del estado. El Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado recibe los beneficios de unos 600 niños bajo su custodia en un mes determinado, dijo un portavoz a CalMatters el año pasado. En 2021, el condado tomó $5.4 millones de la Seguridad de Ingreso Suplementario para niños o beneficios para sobrevivientes como reembolsos.

Un flujo de financiación

CalMatters también informó que el condado de Kern en 2021 compensó $313,000 de sus costos de cuidado de crianza tomando los beneficios de 56 jóvenes. Y el condado de San Diego en el año fiscal 2021-2022 tomó alrededor de $137,000 de 13 jóvenes.

En total, el sistema de bienestar infantil de California cuesta alrededor de $5 mil millones anuales, según el centro de investigación Child Trends. La cantidad extraída de los beneficios para jóvenes como reembolso representa una fracción de eso: hasta $39 millones, según estimaciones de la oficina de Bryan. 

La legislación de Bryan, que se modificará la próxima semana, aún no se ha escuchado en un comité. Se produce cuando otros estados y ciudades ya acordaron limitar la incautación de los beneficios de los jóvenes de crianza, incluidos Illinois, Maryland, Connecticut y las ciudades de Filadelfia y Washington, DC.

El año pasado, Hawái dejó de recibir los beneficios y abrió cuentas bancarias para los jóvenes de crianza temporal que los recibían. El estado de Washington y Oregón están sopesando propuestas este año para hacerlo.

“Han quedado traumatizados, los han separado de su familia y ahora han perdido a uno de sus padres… Este es su dinero y ustedes se lo están robando”.

PATRICIA BACA, MADRE ADOPTIVA DE DOS NIETOS

Durante años, los defensores de California han presionado al estado y a los condados para que ayuden a los jóvenes de crianza temporal a solicitar los beneficios federales. Si bien los niños están bajo el cuidado del estado y del condado, las agencias del condado han visto los beneficios como una fuente de financiación. 

Muchos jóvenes elegibles no saben que pueden calificar, dicen los defensores, y el proceso de solicitud es complejo. Actualmente, California requiere que los condados evalúen a los jóvenes de acogida para determinar su elegibilidad potencial para recibir asistencia del Seguro Social a la edad de 16 años, pero los defensores dicen que eso deja fuera a muchos niños que podrían recibirla mucho antes. 

La Seguridad Social ‘un salvavidas potencial’

El proyecto de ley de Bryan requeriría que los condados evalúen la elegibilidad de todos los jóvenes dentro de los dos meses posteriores al ingreso al cuidado de crianza. También requeriría que las agencias estatales o del condado notifiquen a la familia y los abogados del joven cuando soliciten esos beneficios y proporcionen un informe regular del dinero recibido en nombre del niño. 

Marisa López-Scott, abogada del Centro Legal Juvenil que patrocina el proyecto de ley de Bryan, dijo que esto ayudaría a que más niños o sus familias continúen recibiendo los beneficios del Seguro Social incluso después de dejar el cuidado de crianza. Aquellos que reciben un ingreso de seguridad suplementario podrían obtenerlo por el resto de sus vidas. 

“Es un salvavidas potencial”, dijo López-Scott.

Las agencias de bienestar infantil deben recibir el dinero en nombre de los jóvenes de crianza sólo como último recurso, de acuerdo con las reglamentaciones federales y la ley estatal.

Ambos enumeran las alternativas preferidas: un pariente del niño, un hermano adulto o incluso un amigo de la familia que haya demostrado interés en el bienestar del niño. Las agencias de bienestar infantil son las últimas en la lista.

Pero los condados de California se han convertido en beneficiarios incluso cuando había otros familiares disponibles. 

Deberes fiduciarios

Eso es lo que sucedió en el caso de los nietos de Baca y en el caso de otro grupo de dos niños que ahora están demandando al condado de San Diego.

Los niños, dos hermanas preadolescentes que han estado entrando y saliendo del sistema de cuidado de crianza desde que tenían 4 y 6 años, ahora están con una madre adoptiva, Amy, quien pidió ser identificada sólo por su nombre de pila para proteger la identidad de los niños. 

El padre biológico de las niñas murió unos meses antes de la segunda vez que las niñas terminaron en un hogar ‘foster’. Sabiendo que su madre biológica había estado recibiendo beneficios de sobreviviente en nombre de los niños, Amy se comunicó con el condado y la Administración del Seguro Social para asegurarse de que otro pariente recibiera los beneficios de las niñas cuando estuvieran en crianza temporal. 

“Los niños los van a necesitar eventualmente”, dijo. “Pensé que el condado los recogería, pero los pondría en fideicomiso para los niños”.

Como su padre de crianza en ese momento, Amy no era elegible para retener los beneficios para los niños. Pero ella dijo que el condado nunca se comunicó con el hermano adulto o la tía abuela de las niñas y, en cambio, solicitó recibir el dinero. El condado lo recolectó durante aproximadamente un año, deteniéndose después de que se llevó a cabo la adopción. 

‘Beneficiario más adecuado’

La portavoz del Seguro Social, Patricia Raymond, se negó a comentar sobre este caso o el de Baca. Dijo que en los casos en que deba designar a alguien para recibir beneficios en nombre de un niño, la agencia “investigará y designará al beneficiario más adecuado”.

El Instituto de Defensa de los Niños, con sede en la facultad de derecho de la Universidad de San Diego, ha demandado al condado por los beneficios de los niños adoptados de Amy en el Tribunal Superior del Condado de San Diego. La demanda acusa al condado de violar su deber fiduciario hacia las niñas, argumentando que usar los fondos como reembolso no era lo mejor para las niñas.

El condado de San Diego no respondió a la demanda en la corte y no respondió a una solicitud de comentarios.

Amy y su esposo ahora reciben los beneficios para las niñas, de 11 y 13 años. Dijo que lo usan para las necesidades médicas de los niños que el estado no cubre y ahorran el resto para la universidad u otros gastos cuando las niñas cumplan 18 años.

Amy dijo que quiere que el condado pague lo que le costó, un total de poco menos de $25,000, para poder agregarlo al fondo de las niñas.

“El objetivo final de nuestra familia es cambiar la política”, dijo Amy. “No queremos que ningún otro niño tenga que vivir esta experiencia. Estos niños, más que ninguno, necesitan este dinero”.

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